Venezuela no está en guerra, al menos no en una declarada. Está lejos de cualquier amenaza terrorista o de un enemigo externo armado hasta los dientes, pero aun así exhibe una de las peores cifras de muertes violentas de América Latina y quizá del mundo, con un balance que cerró el 2015 con 27.875 víctimas, según las proyecciones del estudio que cada año realiza el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). O valga ser más precisos: en Venezuela mueren violentamente 76 personas cada día. Y el enemigo está adentro.
A modo de comparación, Colombia, según cifras oficiales, cerró el año con un total de 12.193 asesinatos, 1.150 menos que en el 2014, con lo que se logró una tasa de 25 casos por cada 100.000 habitantes.
Poco o nada sirvieron las ‘Operaciones de liberación del pueblo’ (OLP) –especie de razzia aplicada en el 2015 por las autoridades policiales del país en zonas de alta criminalidad– para paliar la tasa de 90 muertes violentas por cada 100.000 habitantes que exhibe Venezuela, una cifra que solo espera conocer la misma estadística correspondiente a Honduras y El Salvador para saber si quedó como la segunda más alta del continente o si alcanzó el tenebroso primer lugar. Pero en realidad no había que ser clarividente para predecir el aumento de la criminalidad en el país.
“Se ha observado una militarización represiva de la seguridad, tanto en sus posiciones de mando como en el tipo de acción emprendida (...). Las consecuencias de las llamadas OLP no apuntan hacia una disminución de la violencia en la sociedad, sino, al contrario, hacia su incremento”, dice un informe del OVV.
Al constante goteo informativo sobre asesinatos en todas partes del país y por cualquier motivo se añadieron en el 2015 dos nuevos fenómenos que atizaron la inseguridad y la violencia: el asesinato de policías para quitarles su arma de reglamento y la motocicleta, y la proliferación de ataques con armas de guerra como fusiles y granadas de mano.
“La cifra de 27.875 representa la cantidad de homicidios más alta que ha ocurrido en la historia de este país”, le dijo a EL TIEMPO el abogado y profesor especialista en ciencias penales y criminológicas Luis Izquiel. “La explicación es que ha habido una destrucción institucional del país. El problema mayor que fomenta la criminalidad es la impunidad, un sistema judicial que funciona bajo las directrices de un partido para perseguir a la disidencia política pero no a la delincuencia, y las cifras oficiales lo confirman: de 100 delincuentes, solo dos son castigados”.
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